ASERLITIGIO A.C. expresa su preocupación por el uso del aparato penal en contra de autoridades y representantes comunitarios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Desde ASERLITIGIO preocupa el uso del aparato del Estado para criminalizar la protesta social y el ejercicio del derecho a la manifestación de las comunidades indígenas en el estado de Oaxaca, quienes luchan por el reclamo legítimo de sus derechos al desarrollo. En un claro acto de persecución política y judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) pretende desarticular la organización comunitaria en la región del Istmo de Tehuantepec mediante el uso faccioso del aparato de justicia penal. A través de citatorios emitidos por la subsede de Salina Cruz, la institución ministerial intenta amedrentar a representantes indígenas, desconociendo deliberadamente los marcos constitucionales que protegen la libre asociación y los sistemas normativos internos de los pueblos originarios.

El actuar de la FGR no solo vulnera el marco normativo nacional, sino que atenta de forma directa contra la estructura organizativa de las comunidades que, amparadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ejercen su legítimo derecho a asociarse para gestionar el bienestar y beneficio colectivo de sus habitantes.

Persecución en lugar de justicia

La emisión de estos citatorios —enmarcados en carpetas de investigación por supuestos delitos que no son más que el ejercicio de la resistencia social— evidencia una alarmante estrategia de criminalización de la protesta. La Constitución federal y los tratados internacionales de los que México es parte garantizan de manera irrestricta el derecho a la manifestación pacífica. Sin embargo, para la FGR, la exigencia de derechos se traduce de inmediato en carpetas de investigación y amenazas de multas.

Resulta contradictorio y perverso que la máxima institución de procuración de justicia del país actúe como un brazo represor para sofocar las demandas sociales, utilizando el derecho penal no para perseguir la delincuencia organizada que azota la región, sino para perseguir a ciudadanos de a pie y autoridades legítimas.

El mandato de las asambleas comunitarias frente a la arbitrariedad ministerial

Es fundamental señalar que los representantes comunitarios señalados por la Fiscalía no están cometiendo delito alguno; están cumpliendo un mandato estricto de sus asambleas generales. En las comunidades indígenas de Oaxaca, la asamblea es el órgano máximo de decisión, y desobedecer sus acuerdos constituiría una falta grave a su propia gobernanza interna.

Al intentar sancionar a quienes ejecutan estos acuerdos, la FGR incurre en una violación flagrante a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Ejercer un derecho colectivo y defender el territorio, la salud o los servicios básicos de una región jamás debe ser catalogado como una conducta criminal.

El uso de la fuerza del Estado para judicializar la política comunitaria es un retroceso democrático peligroso. La FGR debe cesar de inmediato la fabricación de culpables y el hostigamiento judicial en el Istmo, respetando la legalidad de los procesos organizativos que sostienen el tejido social de Oaxaca. La exigencia de justicia y desarrollo social se resuelve con diálogo y atención a las causas, no con ministerios públicos ni citatorios de intimidación.

Posicionamiento de ASERLITIGIO A.C.

Desde ASERLITIGIO A.C., condenamos enérgicamente los hechos de intimidación y persecución política y judicial ejercidos por las autoridades ministeriales en contra de la organización comunitaria; por ello, exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR) el cumplimiento inmediato de los siguientes puntos:

1. Archivo definitivo de las carpetas de investigación y cese inmediato a la fabricación de delitos y actos de intimidación contra representantes de las comunidades indígenas del Istmo.
2. Aplicación de principios de interculturalidad y pluralismo jurídico en cualquier indagatoria que subsista, reconociendo la validez legal de las decisiones emanadas de las asambleas comunitarias.
3. Remisión de la investigación al área especializada de la FGR en materia de derechos de los pueblos indígenas, retirando la competencia a la subsede de Salina Cruz para evitar sesgos y visiones criminalizadoras de la libre asociación comunitaria.
4. Sustituir la vía punitiva por una ruta de diálogo democrático, en la que las demandas legítimas de salud, servicios y desarrollo de las comunidades de Oaxaca sean atendidas por las instancias correspondientes, respetando su libre determinación y autonomía.

ASERLITIGIO A.C.
Justicia con identidad, derechos con dignidad.